 |
| Gregorio orando |
El martes 11 de febrero de 2014 el cadáver del periodista Gregorio Jiménez apareció en una fosa con otros cadáveres. Era el décimo periodista muerto durante el sexenio de Javier Duarte. Su asesinato –previamente torturado– suscitó tal marejada de protestas, reacciones, editoriales y presiones de diversa índole que la corriente arrastró a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y Comunicación Social del Estado de Veracruz.
El asesinato del periodista Gregorio Jiménez suscitó tal marejada de
protestas, reacciones, editoriales y presiones de diversa índole que la
corriente arrastró a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y
Comunicación Social del Estado de Veracruz.
El 5 de febrero un grupo armado secuestró a Gregorio Jiménez en su
domicilio en Villa Allende. De forma casi inmediata organizaciones como
Artículo 19 y Periodistas de a Pie denunciaron el suceso en las redes sociales
provocando reacciones virales en la República y poco a poco en el mundo. Seis
días después, el 11 de febrero, apareció su cadáver en una fosa cercana a una
casa de seguridad en la colonia J. Mario Rosado de Las Choapas. La noticia
conmovió a la nación y repercutió allende las fronteras.
Como cuando aconteció el asesinato de Regina Martínez, Veracruz volvió a
detentar la sinonimia de represión, intolerancia y agresión contra la libertad
de expresión. En una semana negra para la historia del periodismo en México, la
respuesta ante el crimen y la inseguridad prevaleciente fue una inusitada e
infame exposición del estado. Así el domingo 16 de febrero varios medios
nacionales e internacionales coincidieron en mostrar a Veracruz como un estado
peligroso, inseguro, sin dirección ni rumbo. La influyente revista Proceso
publicó en su portada: Veracruz, estado sin ley. La agencia noticiosa Efe
difundió un reportaje sobre la desaparición de Gregorio Jiménez y Univisión
Noticias colgó en su portal el reportaje “Ser periodista en Veracruz: trabajo
de alto riesgo”. Periodistas “amigos”, como Pablo Hiriart y Ricardo Alemán,
coincidieron en sus columnas en el veredicto: en Veracruz no había autoridad,
las finanzas y el control institucional estaban a la deriva.
Habrá sido el día más negro de la administración duartista, más que las
reacciones por el asesinato de Regina; más que por el encarcelamiento de
Maruchi Bravo y la posterior iniciativa de ley cuyo propósito era sofrenar la
libertad de expresión en los nuevos medios. Con la muerte de Goyo sumaban diez
periodistas asesinados en un lapso de 28 meses; amén de 132 agresiones
documentadas contra periodistas. La UNESCO, la propia ONU, emitieron su
condena.
Nuevo vocero,
¿mismo discurso?
Desde el viernes 14 de febrero corrió el rumor de que la poderosa vocera
del gobierno estatal, Gina Domínguez Colío, comenzaba a despedirse. Incluso
varios de sus colaboradores se deslindaron con comentarios personales.
“Uniformar las portadas de los diarios no es efectivo”, comentó uno, “la gente
se da cuenta.” Aunque la renuncia se proclamó oficialmente el jueves 20 de
febrero, lo cierto es que desde antes de que apareciera la demoledora y
contundente portada de Proceso y la amplia cobertura en la prensa
internacional Gina Domínguez sabía que había perdido la última batalla de su
guerra personal.
La vocera no fue la única perjudicada por el asesinato del humilde
reportero. El miércoles 19 renunció Amadeo Flores Espinoza, en su momento
eficaz político y ahora recipendiario de los vaivenes en la administración
duartista. Como en el veredicto de las pesquisas efectuadas con respecto a los
asesinatos de los reporteros, alegó “motivos personales”. Los cambios o
enroques, como gustan denominarlos la prensa que no es más que caja de
resonancia de la voz del poder, trajeron a la PGJ a Luis Ángel Bravo Contreras,
quien renunció al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Por
supuesto, el cambio más comentado fue la designación de Alberto Silva Ramos
como nuevo vocero del estado de Veracruz. Omito las aristas, lecturas e
interpretaciones grillescas. Lo cierto es que Silva Ramos, quien se desempeñaba
como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y más antes como alcalde de
Tuxpan, no parecía la elección más adecuada para transformar las relaciones
entre el gobierno del estado de Veracruz y la prensa si consideramos sus
antecedentes. Evoquemos un caso de extorsión que terminó con el encarcelamiento
de tres periodistas. El suceso fue confuso suscitando comentarios
malintencionados. Por ello cambiar a una funcionaria calificada de represiva
por un funcionario tildado de agresar y de dilapidar el subsidio federal en la
autopromoción se antoja un mensaje equívoco.
Lo que urge transformar en Veracruz no son las relaciones entre medios y
gobernador sino la imagen, la percepción, que el pueblo tiene de su gobernador.
Seguramente la presión, no tanto de la prensa sino el mensaje que columnistas
cercanos a las jerarquías priistas emitieron desde sus respectivas columnas,
como comenté en el número anterior, fue lo que obligó a Duarte a efectuar los
cambios. No será con regalos populistas, con ejercicios madrugadores ni con
invitaciones generosas a los periodistas y en especial a los voraces
propietarios de periódicos y portales noticiosos, sino con respeto a la
libertad de expresión que podrá revertirse esta imagen. Hay muchas cuentas
pendientes y no son facturas.
Organizaciones internacionales como Artículo 19 y Human Rights Watch, han
clasificado a Veracruz como la entidad más peligrosa de México para ejercer el
periodismo, además de ser líder en asesinatos y agresiones contra profesionales
y medios de comunicación en el continente americano. La tarea más urgente del
nuevo vocero no es tomarse la foto con los medios aliados, con esos periódicos
que exhiben uniformidad en sus portadas, tampoco acercarse a los críticos, que
sólo lo fueron porque no les pagaban sus onerosos servicios, sino sencillamente
respetar la crítica, la disensión y asegurar la libertad y la vida de los
periodistas en su ejercicio cotidiano, sin ofenderlos. Si se quiere que
Veracruz recupere su perdida credibilidad debe demostrar fehacientemente que
vivimos en un estado de derecho y no en un remedo de Estado fascista.
Por José Homero
